La Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) ha reclamado la implantación urgente del Código Ictus Pediátrico (CIP) en todas las comunidades autónomas, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Ictus. La petición se basa en una encuesta realizada por la doctora Cristina Villar, del Grupo de Trabajo de Ictus Pediátrico de la SENEP, a neuropediatras de hospitales de referencia de las 17 comunidades autónomas, que revela que solo 10 disponen de este protocolo y que existen desigualdades en el acceso al diagnóstico urgente, al tratamiento y a la neurorrehabilitación de estos menores.
El ictus pediátrico es una de las 10 principales causas de muerte en la infancia y asocia secuelas neurológicas a largo plazo en más del 60% de los supervivientes. Su incidencia estimada se sitúa entre 1,3 y 13 casos por cada 100.000 niños al año. A diferencia del ictus en adultos, en los menores no suele estar relacionado con obesidad, colesterol alto o hipertensión, sino con arteriopatías congénitas o adquiridas, cardiopatías o infecciones. Además, el diagnóstico y el tratamiento más eficaces deben realizarse antes de 24 horas, tal y como recogen las últimas recomendaciones internacionales.
La doctora Villar destaca que el pronóstico funcional de estos niños depende críticamente de la instauración inmediata de tratamientos de reperfusión, algo que actualmente no se está llevando a cabo en muchas comunidades autónomas españolas. El CIP establece un sistema de alerta clínica y asistencial coordinado y de urgencia, en el que, ante la sospecha clínica por un facultativo, se activan los diferentes sistemas de transporte, así como de diagnóstico radiológico y de tratamiento urgentes, coordinados y eficientes, para minimizar las secuelas a corto, medio y largo plazo.
Desigualdades territoriales en la atención al ictus infantil
Según la encuesta, el Código Ictus Pediátrico está establecido en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Murcia y Baleares. Falta en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Canarias. Andalucía está a punto de aprobar el código ictus a nivel autonómico. Esta situación genera desigualdades en la atención a los menores según el lugar en el que vivan.
La existencia del Código Ictus a nivel autonómico es el primer paso necesario para un buen diagnóstico y tratamiento. Sin su instauración, los pacientes verán retrasado su diagnóstico y, para cuando este se consiga, es posible que ya no se esté en tiempo para tratar a los menores. La doctora Villar subraya que no es justo que esto cambie porque no se viva en una ciudad con un hospital de referencia de ictus, o que en el año 2026 no se pueda realizar una resonancia magnética urgente a un niño con una alteración neurológica aguda.
No obstante, la especialista afirma que la implantación del CIP ha de ir acompañada de medios suficientes para desarrollarlo eficientemente, como profesionales suficientes y formados de guardia para su manejo, sistemas de transporte disponibles y medios técnicos eficaces para el diagnóstico (idealmente resonancia magnética cerebral) y tratamiento hiperagudo. Los neuropediatras encuestados coinciden unánimemente en que las principales dificultades para implantar y sostener el CIP radican en la falta de medios técnicos y personales, en la dispersión geográfica y en la necesidad de protocolos claros y homogéneos en todo el territorio.
Falta de neuroimagen y de neurorrehabilitación
Respecto a la coordinación del CIP, Cataluña es la única comunidad autónoma que cuenta con un neuropediatra localizado para ictus pediátrico las 24 horas del día y que además gestiona toda la comunidad. En cuanto a la neuroimagen, en cuatro comunidades uniprovinciales (Madrid, Navarra, Cantabria y La Rioja) el paciente tiene acceso en menos de una hora a un centro con resonancia magnética y a capacidad terapéutica avanzada las 24 horas; mientras que en el resto de regiones la demora es mayor o ni siquiera hay una resonancia magnética disponible durante las horas de guardia. Incluso el acceso a la realización de un angioTC urgente no está previsto en muchos hospitales comarcales o se encuentra a más de una hora de desplazamiento.
La doctora Villar también pone de relieve la falta de neurorrehabilitación financiada para estos pacientes en muchas comunidades, otra piedra angular del tratamiento durante los primeros 6-12 meses tras el ictus. Lamenta que la inequidad persiste tras la fase aguda, ya que solo 5 de las 17 comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y Extremadura) disponen de Unidades de daño cerebral infantil financiadas por la Seguridad Social.
El papel del neuropediatra y la necesidad de reconocimiento oficial
En el manejo del ictus pediátrico, el neuropediatra aporta tanto la experiencia desde Pediatría, que ayuda en la exploración del niño y a conocer los diagnósticos diferenciales pediátricos más importantes, como la formación en patología vascular del sistema nervioso, para la toma de decisiones junto al radiólogo y al resto de especialistas implicados. En este contexto, la SENEP considera imprescindible avanzar en el reconocimiento oficial de la Neuropediatría mediante la creación de un Área de Capacitación Específica (ACE), ya que el ictus infantil requiere conocimientos específicos sobre el cerebro en desarrollo, sus causas y las enfermedades que pueden presentar síntomas similares, así como sobre las particularidades del tratamiento y del seguimiento del niño.
La encuesta, realizada entre agosto de 2025 y mayo de 2026, ha permitido elaborar una radiografía detallada de la situación actual en España. Los resultados evidencian la necesidad de protocolos homogéneos y de una coordinación eficaz entre comunidades para garantizar una atención equitativa y de calidad a todos los menores que sufren un ictus, independientemente de su lugar de residencia.
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